Presupuesto 2017, deuda externa y crisis financiera

Martín Morales/Revista Buzos

El recortado paquete económico 2017, que incluye los proyectos de ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, fue confeccionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el propósito fundamental de que el gobierno federal recupere la confianza del sistema financiero internacional gracias a la obtención de notas menos negativas por parte de las calificadoras de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y Moody -además del de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos- que en el descontrolado endeudamiento externo de México han advertido un alto riesgo soberano para sus propios intereses corporativos.

Es decir, los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación del año próximo no estarán enfocados a propiciar el desarrollo de la economía nacional y a subsanar necesidades prioritarias de los mexicanos, sino a evitar que los tiburones del crédito estadounidense sigan aplicando “castigos” al Gobierno federal, que entre 2012 y 2016 elevó de 6.3 a 9.3 billones de dólares el endeudamiento externo, monto que representa el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el débito de 50 centavos por cada peso que se produce en el país.

Luis Videgaray Caso dejó a su sucesor en la SHCP,  José Antonio Meade, un paquete-bomba que en breve explotará en sus manos, pues los datos financieros maquillados y la escenografía montada para ocultar el sobrendeudamiento están a punto de derrumbarse para dar paso a una eventual crisis financiera nacional, cuyas repercusiones empeorarán los graves problemas sociales del pueblo mexicano.

Especialistas consultados por buzos sostienen que el montaje creado por Videgaray y dos de sus principales colaboradores –el ex subsecretario Fernando Aportela y Aristóteles Núñez, director del Sistema de Administración Tributaria (SAT)- empezó a derrumbarse estrepitosamente a raíz de la reciente entrevista entre el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos (EE. UU), Donald Trump y el presidente Peña Nieto, cuya intención habría sido limar asperezas con ambos candidatos a la presidencia de esa nación.

Pero más allá de las lecturas políticas, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 y su complemento, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), están sufriendo ajustes a fin de emparejar los reducidos ingresos nacionales con un menor gasto en 2017, aun a costa de llegar a recortar el año entrante dinero a los fundamentales programas sociales, como se hizo en 2016.

El nuevo titular de Hacienda ha dicho que esto no ocurrirá, porque el año entrante habrá una mejor recaudación, refiriéndose sólo a una intensificación del sistema de recaudación en línea, con las facturas electrónicas, pero sin mencionar la consolidación fiscal, que  permite a los grandes consorcios pagar un mínimo de impuestos, mientras la carga se deja a la población mayoritaria, como en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que impacta fundamentalmente a la clase media con una tasa del 30 al 35 por ciento en los ingresos mayores a tres millones 200 mil pesos al año.

Sin embargo, el impuesto que más afecta a la población mexicana en general es el del Valor Agregado (IVA), que se aplica a bienes y servicios –con exclusión de alimentos naturales y medicinas- y que se aplica por igual a ricos y pobres.

Empresarios piden más recortes 
El sector empresarial sabe bien lo que está pasando en el traspatio del Gobierno y, en función de lo que puede venir en los próximos meses, está exigiendo a éste un recorte mayor al proyecto del PEF 2017, que deberá quedar aprobado antes del 15 de noviembre próximo. Hacen esto con el fin de que haya más dinero público libre para pagar intereses de la enorme deuda pública contraída por la actual administración federal y para evitar más préstamos.

El seis de julio pasado se publicó un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), encabezado por el economista Luis Foncerrada, quien advirtió que el endeudamiento público de México ya había llegado al equivalente al 50 por ciento del PIB, entre 2012 y 2016, es decir, lo que va del sexenio.

Al presentar el análisis Estabilidad macroeconómica, riesgos previsibles expuso que la deuda pública pasó de 6.3 billones de pesos en 2012 a 9.3 billones de pesos en mayo de 2016.

Luego resaltó que esto no ha sido a consecuencia de las inversiones, porque el índice respectivo se redujo de 3.7 por ciento del PIB en diciembre de 2015 a tres por ciento en lo que va de 2016; es decir, que la inversión pública no aumentó pero sí la deuda, y que esto significa que existió “despilfarro y desvío de recursos”.

El 23 de agosto, S&P redujo la calificación crediticia mexicana de “estable” a “negativa”, por las expectativas de aumento de la deuda del gobierno. Al cerrar 2015 la deuda pública fue equivalente al 42 por ciento del PIB; S&P calcula que en 2016 llegará al 45 por ciento del PIB y entre 2018 y 2019 alcanzará entre el 47 y el 48 por ciento del PIB, esto a pesar de que el Gobierno haya impulsado reformas estructurales, que no han redundado en más crecimiento.

S&P dijo que el crecimiento económico no será un factor para resolver el endeudamiento, porque el PIB solamente aumentará, a lo sumo, entre el uno y el dos por ciento en 2016 y en el mejor de los casos llegará al tres por ciento entre 2017 y 2019. De manera paralela, enfatizó, en este tiempo la deuda seguirá aumentando al ritmo del cuatro por ciento con respecto al PIB de manera anual durante los siguientes tres años (2016-2019).

A su vez, la calificadora Moody’s consideró que se ha esfumado la esperanza de un aumento de crecimiento de la economía de México del tres o el cuatro por ciento, como consecuencia de las reformas estructurales; de hecho, estimó que no hay bases para afirmar que esto pueda ocurrir al menos de aquí a 2019, tiempo en el que la deuda seguirá aumentando.

Advirtió que, incluso, podría reducir más la valoración riesgo-país de México en materia crediticia, indicador de confianza para los inversionistas. En marzo de 2016, esta misma firma ya había reducido de “estable” a “negativa” la calificación crediticia mexicana.

En suma, la fantasía gubernamental de que el crecimiento económico será de lo menos el 5.2 por ciento en 2018, gracias a las reformas estructurales, está chocando de frente con la realidad y se está haciendo pedazos. Por ejemplo, la meta gubernamental de crecimiento del PIB en 2016 era del 3.1 por ciento, pero al cierre de esta edición la propia SHCP la había bajado al 2.3 por ciento.

Realidad incómoda 
Según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), estudio que acompaña siempre al paquete económico de gastos e ingresos, en 2017 el crecimiento del PIB será de entre el dos y el tres por ciento. Es decir, se siguen teniendo expectativas optimistas, con la mirada puesta en los requerimientos del sistema financiero internacional.

Por ejemplo, se calcula para 2017 un tipo de cambio peso/dólar en 18.20 pesos por unidad -10 puntos porcentuales (0.10) por abajo del esperado en 2016- aunque las expectativas de los analistas privados ubican el precio del dólar hasta en 22 pesos.

Asimismo, pese a las ya visibles presiones inflacionarias, debido al vaivén del tipo de cambio y las alzas en electricidad y combustibles, se anticipa una inflación del tres por ciento para 2017, incluso por debajo de la calculada para todo 2016 (3.2 por ciento).

Al respecto, hay un elemento que no parece estar integrado en ese análisis aunque es un indudable factor inflacionario, como dice el doctor David Lozano Tovar, especialista de la Facultad de Economía de la UNAM, y es la liberalización del precio de las gasolinas, diesel y combustibles en general, propuesto por el gobierno para el 1º de enero de 2017, un año antes de lo previsto por la reforma energética.

De acuerdo con Lozano, en los CGPE hay otras expectativas irreales como el cálculo del crecimiento de la economía de EE. UU., estimado en 2.2 por ciento, aunque, según analistas estadounidenses, con trabajos superará el 1.5 por ciento este año. Lozano atribuye este pronóstico más a un buen deseo que a la realidad, porque los gobernantes mexicanos esperan que la economía del país vecino arrastre a la mexicana, que depende en más del 80 por ciento de la estadounidense.

Otro cálculo optimista se relaciona con los precios internacionales del petróleo; la previsión oficial es que para el cierre de 2016, la mezcla mexicana se ubique en 42 dólares por barril, es decir, seis dólares más que el valor anticipado, que será de aproximadamente 36 dólares por barril.

Existen datos reales que matizan esto y que hablan de un declive de la producción nacional, que actualmente se ubica en dos millones 130 mil barriles diarios; el cálculo gubernamental reconoce que para 2017 podría registrarse un declive hasta llegar a un millón 928 mil barriles diarios.

Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que el país se está ubicando en la antesala de una crisis financiera, derivada de la aplicación de un proyecto económico fantasioso, sostenido con datos maquillados y falsas expectativas creadas por la actual administración federal, y agravado por un entorno económico mundial adverso.

Más que recesión, expuso, lo que se cierne es una crisis sobre los principales países europeos, pero sobre todo, ya está en China, cuyos ajustes de emergencia generarán más presiones para las monedas del mundo, entre ellas la moneda nacional, por lo que el dólar estadounidense podría llegar a 22 pesos por unidad en los próximos meses. Cuando se efectúen los nuevos recortes presupuestales sobre la marcha, que serán inevitables –expuso el doctor- el país habrá entrado de lleno en una crisis financiera.

“¿Que van a conseguir más recursos con una mejor recaudación? Eso no va a ser posible. ¿Qué van a recaudar, cuando los empresarios son los que más evaden impuestos? El grueso de la recaudación proviene de las personas, la mayoría afectada en sus ingresos; eso no va a ser suficiente.

Lo que en realidad está haciendo el gobierno, es preparar un escenario; ellos saben muy bien que la economía está al borde de una crisis financiera y lo que están haciendo es acondicionar un discurso para decir, bueno, lo intentamos…pero no se pudo. Con todo esto de los recortes, están tratando de evitar lo más posible que se declare formalmente la crisis”, señaló Lozano.

“Se ha dificultado el pago de la deuda, entonces, las calificadoras dan notas negativas, porque México se ha estado endeudando de más y el crecimiento de la economía estará por debajo de las estimaciones internacionales.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo saben bien, y entonces las calificadoras expiden estas notas negativas. Aunque se haya inconformado el gobierno de México, en este momento el país está por debajo de las expectativas de crecimiento y esto hace que se rebaje la calificación de la deuda.

“El problema central no son tanto los recortes presupuestales, sino que la economía no está creciendo; pero además, hay otro problema: que por las condiciones de crisis internacional se van a contraer más los ingresos del gobierno, y ése es un problema de fondo; entonces el gobierno puede recortar lo que quiera, que lo haga, pero vamos a ver si los ingresos que estiman tener los van a obtener; ahí va a ser donde el gobierno va a tener que contratar más deuda, por eso varias calificadoras anticipan que México hará más contratación de deuda, porque no se espera que pueda haber un mayor crecimiento de la economía, al menos de aquí al 2019”, aseguró el especialista.

 

 

 

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Publicado el septiembre 29, 2016 en MEXICO, Opinión, Política y etiquetado en , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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